El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la lengua
de signos y de medios de apoyo a la comunicación de personas
sordas. En España existen 900.000 personas con discapacidad auditiva.
La ley reconoce la lengua de signos española como la de las
personas sordas en España que libremente decidan utilizarla.
De la misma manera, el texto contempla, en su ámbito de uso,
la existencia de la lengua de signos catalana.
Acceso a otros recursos
La ley también garantiza los recursos que necesite el colectivo
de personas con discapacidad auditiva que no utilice la lengua de signos.
De esta forma se facilitará, entreo otros, el acceso a audífonos
y bucles magnéticos para evitar interferencias o los implantes
cocleares, que son dispositivos electrónicos que se implantan
en el oído interno.
Aprendizaje e intérpretes
Asimismo, el anteproyecto de ley establece que las administraciones
educativas dispongan de los elementos necesarios para promover el aprendizaje
de la lengua de signos por parte de las personas con discapacidad auditiva
o que deseen conocerla.
La norma garantizará igualmente la existencia de intérpretes
de lengua de signos en todos los ámbitos públicos y privados
en los que haga falta: educación, formación para el empleo,
sanidad, cultura o deporte.
Normalización lingüística y subtitulado
Además, se creará en el Real Patronato sobre Discapacidad
un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua
de Signos Española, que velará por el buen uso de esta
forma de comunicación.
También se creará en este Real Patronato el Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción, para facilitar la comunicación
a las personas sordas.
Satisfacción con matices
Carmen Jaudenes, directora técnica de la Confederación
Española de Padres de Sordos (FIAPAS), ha valorado el anteproyecto
de ley, pero ha pedido que las comunidades autónomas realicen
un esfuerzo presupuestario para ampliar las prestaciones sanitarias
para este tipo de pacientes.
Jaudenes ha recordado que la sanidad pública tiene una "deuda
pendiente" con los sordos ya que el acceso a los audífonos
sólo está subvencionado hasta los 16 años.
Este colectivo ha reclamado también ayuda económica para
el mantenimiento de los implantes cocleares o recursos adicionales destinados
a mejorar la detección precoz de la sordera.
La directora técnica de FIAPAS ha señalado que esta ley
es "muy importante", pero cree que "se está silenciando"
la parte de la norma que afecta a las personas con discapacidad auditiva
que se comunican con lengua oral.