La presencia de intérpretes «será obligatoria»
en los ámbitos públicos Se prevé la creación
de un nuevo Centro de Normalización Lingüística
El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el
anteproyecto de ley para el reconocimiento legal de la lengua de signos
en España. La principal novedad de la futura normativa, que cuenta
con el apoyo de la Confederación Estatal de las Personas Sordas
(CNSE) y de la Confederación Española de Padres y Amigos
de los Sordos (Fiapas), es «el reconocimiento, a todos los efectos,
de la lengua de signos en español y catalán», según
dijo la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce.
El anteproyecto, añadió Valcarce, establece que «será
obligatoria» la presencia de intérpretes en juzgados y
demás ámbitos públicos y privados relacionados
con la educación, formación y empleo, salud, cultura,
deporte, ocio, transportes, comunicación y telecomunicaciones.
Hoy, únicamente existe un sistema de intermediación, gestionado
por el Ministerio de Justicia, en virtud del cual la persona sorda que
debiera acudir a un juzgado tendría que solicitar anticipadamente
la presencia de un intérprete, sin que hubiera obligación
para que se prestase el servicio.
Su objetivo, en palabras de Valcarce, es «romper con las barreras
de desigualdad» que hasta la fecha han tenido que soportar el
millón de personas sordas que viven en nuestro país. La
reforma implicará el «aprendizaje, conocimiento y uso»
de la lengua, y comprometerá a las administraciones educativas
a disponer «todo lo necesario» para asegurar que las personas
sordas puedan aprender la lengua en la que se comunicarán. Incluso
se prevé la posibilidad de ampliar su estudio como optativa para
los alumnos, sordos o no, que así lo soliciten.
La ley asume la creación del Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos Española, una
suerte de Real Academia para velar por su buen uso y difusión,
y del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción.
Asimismo, y según confirmó la CNSE, se ha suscrito un
convenio de colaboración con la RAE «para ir normalizando
el uso de la lengua de los signos» en España e Iberoamérica.
La CNSE ha calificado el proyecto de ley de «reivindicación
histórica del movimiento asociativo representativo de las personas
sordas». Su presidente, Luis Cañón, indicó
que «la regulación de la lengua es clave para evitar las
situaciones de dependencia que sufren muchas personas sordas».
Asimismo, destacó que «reconoce la diversidad comunicativa
existente entre la población con discapacidad auditiva».
Pequeñas diferencias
No existe una lengua de signos unificada para los 70 millones de sordos
que viven en el planeta, sino que cada comunidad lingüística
cuenta con un sistema propio. Al igual que en el lenguaje oral, resultaría
sumamente complicado establecer una conversación, por ejemplo,
entre un sordo español y otro chino.
En nuestro país existen dos lenguas de signos: la española
y la catalana. Según explican los expertos, sus diferencias «son
similares a las que puede haber entre el español y el catalán
hablado», puesto que «las lenguas de signos tienen mucho
que ver con la historia, la cultura y la tradición del lugar
en el que se usan».
