Martes, 20 de Septiembre de 2005 - Internacionales
La ley reconocerá la existencia de las lenguas de signos Española y Catalana.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación de personas sordas. En España existen 900.000 personas con discapacidad auditiva.

La ley reconoce la lengua de signos española como la de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla. De la misma manera, el texto contempla, en su ámbito de uso, la existencia de la lengua de signos catalana.

Acceso a otros recursos

La ley también garantiza los recursos que necesite el colectivo de personas con discapacidad auditiva que no utilice la lengua de signos.

De esta forma se facilitará, entreo otros, el acceso a audífonos y bucles magnéticos para evitar interferencias o los implantes cocleares, que son dispositivos electrónicos que se implantan en el oído interno.

Aprendizaje e intérpretes

Asimismo, el anteproyecto de ley establece que las administraciones educativas dispongan de los elementos necesarios para promover el aprendizaje de la lengua de signos por parte de las personas con discapacidad auditiva o que deseen conocerla.

La norma garantizará igualmente la existencia de intérpretes de lengua de signos en todos los ámbitos públicos y privados en los que haga falta: educación, formación para el empleo, sanidad, cultura o deporte.

Normalización lingüística y subtitulado

Además, se creará en el Real Patronato sobre Discapacidad un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que velará por el buen uso de esta forma de comunicación.

También se creará en este Real Patronato el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, para facilitar la comunicación a las personas sordas.

Satisfacción con matices

Carmen Jaudenes, directora técnica de la Confederación Española de Padres de Sordos (FIAPAS), ha valorado el anteproyecto de ley, pero ha pedido que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo presupuestario para ampliar las prestaciones sanitarias para este tipo de pacientes.

Jaudenes ha recordado que la sanidad pública tiene una "deuda pendiente" con los sordos ya que el acceso a los audífonos sólo está subvencionado hasta los 16 años.

Este colectivo ha reclamado también ayuda económica para el mantenimiento de los implantes cocleares o recursos adicionales destinados a mejorar la detección precoz de la sordera.

La directora técnica de FIAPAS ha señalado que esta ley es "muy importante", pero cree que "se está silenciando" la parte de la norma que afecta a las personas con discapacidad auditiva que se comunican con lengua oral.

FUENTE: EL MUNDO