En Mendoza existen unas 16 mil personas que padecen sordera. A todas
ellas, las actividades cotidianas se les plantean casi como utopías.
Pero esa situación puede cambiar una vez que el Gobierno aplique
la ley provincial aprobada el miércoles que, entre otros aspectos
pretende incorporar la Lengua de Señas Argentina (LSA) en todos
los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.
Luego de largos años de espera la Asociación de Sordomudos
de Mendoza logró su primer paso para un objetivo principal: que
la brecha comunicativa entre oyentes y no oyentes sea cada vez menor.
“Hemos trabajado y esperado mucho para que exista una legislación
que nos ampare. Hasta ahora parece que nuestra educación termina
a los 18 años, porque después de la secundaria no podemos
seguir una carrera”, destacó a través de una intérprete
Luis Batistelli, presidente de la entidad.
Pero estudiar en una facultad o acceder a un trabajo formal no son
las únicas posibilidades que ellos sienten que se les han negado
durante todo este tiempo. Hacerse atender en un hospital, realizar trámites,
comprar remedios o mirar la televisión, también son para
ellos actividades muy difíciles de realizar.
La solución a esa problemática, en primera instancia
consiste en la incorporación de intérpretes en
los organismos públicos -como hospitales, municipalidades
y policía- para que hagan las veces de traductores. Incluso ese
punto es una obligación que comenzará a regir a corto
plazo gracias a la aprobación de la “Ley de supresión
de barreras comunicacionales a través del uso de la lengua de
señas argentina”.
En una primera etapa, la normativa prevé que tanto los sordos
como los hipoacúsicos, así como quienes no cuentan con
dificultades para escuchar cuenten con una persona que ‘traduzca’
las inquietudes de ambos interlocutores. Por otra parte, los empleados
de las instituciones locales tendrán la posibilidad de aprender
la lengua de señas a fin de desempeñarse más eficientemente
en su trabajo.
Respecto de los profesores de todos los niveles educativos, la disposición
6.393 plantea propuestas para formar profesionalmente a los intérpretes
y que éstos a su vez se encarguen de enseñar mediante
la comunicación paraverbal.
En ese sentido, Beatriz Pedernera (PJ), quien llevó adelante
la propuesta de recuperar la postergada ley, aseguró que junto
a la Dirección General de Escuelas trabajarán en la ampliación
del presupuesto para el año que viene a fin de aplicar la LSA
en las escuelas.
Por su parte, Alicia Reparaz, directora de Educación Especial
de la DGE, explicó que si bien ya hay gente capacitándose
en la Facultad de Educación Elemental y Especial de la UNCuyo,
la modalidad a adoptar para incluir la lengua de señas dentro
de las aulas se conocerá una vez que el Ejecutivo dé marcha
a su reglamentación. “En principio podría ser una
materia voluntaria para generar en los jóvenes este tipo de aprendizaje”,
dijo la funcionaria.
La noticia fue bienvenida tanto por los no oyentes como sus familias.
“En realidad, la gratificación será para los que
pueden escuchar porque así la sociedad se dará cuenta
de todo lo que ellos tienen para dar, como cualquier persona”,
dijo Mario Potaschner padre de un joven sordo.
En ese contexto, ayer en el Salón Rojo de la Legislatura un
estudiante no oyente de la Universidad de Gallaudet (México)
intercambió experiencias con el Movimiento de Sordos local. Luego
de conocer sus pormenores, Álvaro Jiménez (que estudia
Comunicación Social) enfatizó que las diferencias en cuanto
al trato de los sordos entre Mendoza y su país y Estados Unidos
(donde vive) son abismales. “Aquí los marginan y les es
muy difícil tener trabajo ”, dijo mediante una intérprete.
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