El comienzo del 2004 ha traído al colectivo de personas sordas la posibilidad de contar con un intérprete de LSE ante un tribunal de justicia. Hasta ahora, las personas sordas tenían que enfrentarse a serios problemas de incomunicación cada vez que tenían que acudir al poder judicial, dado que la ley no reconocía el derecho de este colectivo a usar los servicios de intérpretes en los tribunales. Era decisión del juez proporcionar el intérprete requerido o denegar tal petición y obligar al afectado a declarar por escrito.

Con esta reciente y revolucionaria reforma la situación de quienes no pueden oír mejora sustancialmente: su situación se equipara a la de los extranjeros residentes en España a quienes se les reconoce desde hace años el derecho a contar con intérpretes de sus respectivas lenguas al ser interrogados, prestar declaración o acceder a una resolución judicial ante un tribunal.

La Confederación Nacional de Sordos (CNSE) ha mostrado su satisfacción ante la puesta en marcha de esta disposición ya que supone "una ruptura con los siglos de indefensión jurídica y discriminación real hacia las personas sordas por el mero hecho de no poder oír". Desde la CNSE afirman que, de esta forma, el Ministerio de Justicia ha cumplido uno de los principales compromisos que había adquirido durante el pasado año 2003, Año Europeo de la Discapacidad.