La madre de un niño de tres años, al que se le debe practicar
un doble implante coclear, reclamó hoy a las autoridades de la
provincia de Buenos que cumplan con un fallo judicial que ordenó
el pago de más de 130.000 pesos para hacer la operación.
Se trata de Karina García Volpi, madre de Valentín, quien
explicó que "cuenta con un fallo a favor del juzgado número
2 de San Isidro y otra de la Cámara provincial para que el Fisco
Bonaerense transfiera de las cuentas fiscales 135.400 pesos a la cuenta
del juzgado de San Isidro".
Ese monto será utilizado "para comprar el aparato núcleo
24k que se le debe implatar a Valentín y se pueda hacer la intervención
quirúrgica" en su sistema auditivo, agregó la mujer.
García Volpi indicó que recurrió a la Justicia
porque no cuenta con una obra social, ni con los recursos para solventar
la intervención.
El juzgado de menores número 2 de San Isidro hizo lugar al reclamo
el 2 de Diciembre pasado y ordenó a la Provincia y a la Municiplaidad
de Vicente López -donde reside- que en un plazo de 120 días
corridos, en forma solidaria, aporte el dinero.
El dictamen fue apelado por ambas partes, "pero la Cámara
resolvió el pasado 7 de febrero que sólo la Provincia
debería hacerse cargo de la operación, dentro del plazo
de 120 días dispuesto originariamente".
"Pero la plata que debía salir de la recaudación
nunca se transfirió por trámites burocráticos y
Valentín perdió el turno de la operación prevista
para el 6 de mayo pasado y está prácticamente sordo",
puntualizó García Volpi.
Un vocero del Banco Provincia dijo que "no hay trabas de parte
del Banco" para transferir el dinero, pero el oficio para transferir
la plata "debe ser librado por el juzgado de San Isidro contra
la casa matriz de La Plata, donde están las cuentas fiscales
y no contra la sucursal San Isidro".
Guillermo Carnevale, abogado de la madre y el niño, pidió
que "de manera urgente se deposite en una cuenta el dinero para
la intervención y se busque la manera de transferir al banco
de San Isidro, porque no se puede cambiar la sentencia judicial",
en referencia a que debería haberse ordenado a la casa matriz
de La Plata.
El letrado advirtió que "como consecuencia de la burocracia,
un niño de tres años corre el riesgo de quedar sordo para
toda la vida, porque si se forma una callosidad en la zona donde debe
practicársele el implante, la operación no tendrá
efecto".